El devastador resultado de las intervenciones políticas extranjeras en América Latina

POR GILBERTO LOPES /                         

Más de 40 mi personas murieron en Venezuela desde 2017 como consecuencia de las sanciones norteamericanas, dice el informe de los economistas Jeffrey Sachs y Mark WeisbrotEconomic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela (Las sanciones económicas como sanciones colectivas. El caso de Venezuela), publicado en mayo de 2019.

No se trata de problemas económicos sino de un colapso, de una catástrofe, dicen Sachs y Weisbrot en su estudio.

Luego, en entrevista con Amy Goodman, Sachs ahondó en el tema. De lo que se trataba, desde el inicio del gobierno Trump, era de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Es práctica habitual, como sabemos, tratar de derrocar gobiernos latinoamericanos que se mueven con independencia de los intereses norteamericanos. El caso de la Unidad Popular, en Chile, en 1973, fue probablemente el más escandaloso. Pero ha seguido siempre, incluyendo la nueva estrategia de lawfare, o “guerra jurídica” con la que tratan de eliminar candidatos indeseables mediante el abuso de las normas jurídicas. El caso del expresidente Lula, en Brasil, es el más escandaloso. No solo impidió que triunfase en unas elecciones en las que era amplio favorito, sino que abrió las puertas del país a intereses antinacionales que se han ido haciendo de empresas y recursos naturales pero, sobre todo, alineando las políticas nacionales con intereses ajenos.

Trump fue muy explícito en sus intenciones en Venezuela. ¿Por qué no podemos invadir Venezuela?, le preguntó a presidentes latinoamericanos. Le dijeron que no, que no era una buena idea, que iba a alborotar el continente. Lo cierto es que eso ya no es posible, como lo fue en Republica Dominicana, en Granada, en Panamá… No es difícil imaginar los costos políticos de algo así hoy.

Si el sufrimiento es bastante…

Pero Trump no lo veía así. En todo caso, le sugirieron otra cosa. En lo político, se agruparon en el llamado Grupo de Lima, reunidos el 8 de agosto del 2017 en la capital peruana. Catorce países alineados con las políticas de Washington para servir de caja de resonancia al autonombrado presidente en funciones de Venezuela, Junan Guaidó. Que no era, naturalmente, presidente en ejercicio. En realidad, sin el reconocimiento de Estados Unidos no es nada. En su declaración, el grupo reivindicaba una “salida pacífica” a la situación venezolana.

Pero, por otro lado, se intensificaban las sanciones económicas, a las que se refiere Sachs. Se trataba de estrangular la economía venezolana.

“Comenzó esencialmente con sanciones en 2017 que impedían el acceso del país al mercado internacional de capitales y a la empresa petrolera renegociar sus préstamos. Lo que condujo Venezuela a una hiperinflación. Esto fue el colapso total. Los precios del petróleo se desplomaron. Los recursos, que eran utilizados para comprar comida y medicina, colapsaron”.

Ahora Venezuela está en una completa catástrofe, “en gran medida creada por los Estados Unidos”, con sus sanciones ilegales contra el país.

La idea es bloquear el acceso del gobierno a los mercados financieros, empujar las empresas a la quiebra, impedir el comercio, confiscar bienes del gobierno venezolano (como el oro depositado en bancos ingleses), con la idea de que, “si el sufrimiento es bastante, entonces habrá un levantamiento militar para derrocarlo”.

Sachs recuerda que las mismas normas de la Organización de Estados Americanos (OEA) hoy usadas para dar respaldo político a todas estas acciones ­–la más reciente contra Bolivia, donde jugó un papel clave en el golpe después de las elecciones del 2019–, las prohíben.

La misma Carta Democrática Interamericana, invocada con frecuencia para respaldarlas, afirma en su puro inicio que la Asamblea General de la organización “reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”. Ni siquiera en ese escenario pudieron dejar de incluir el necesario respeto al principio de no intervención. Aunque no tengan intención alguna de respetarlo.

Ninguna política de sanciones –también ilegales– ha sido más duradera que la ejercida contra Cuba, durante ya 60 años.  Y también se está aplicando contra Nicaragua. Pero no contra Honduras –un gobierno cuyos vínculos con el narcotráfico ya nadie pone en duda–, ni contra Colombia donde, desde marzo, han ocurrido 179 masacres y 342 asesinatos de líderes sociales. “El país está ante una masacre a gran escala que exige ser tratada como genocidio. Hay una sistematicidad que asegura la existencia de un plan diseñado para destruir a unas comunidades, mediante masacres sucesivas que minan la capacidad de resistencia de pueblos enteros”, dijo Manuel Humberto Restrepo en artículo publicado el pasado 8 de diciembre en Alainet. Pero, lejos de sanciones, Colombia es una base de operaciones de Estados Unidos para sus políticas contra Venezuela.

Piden democracia

Pero las oposiciones exigen más sanciones. Esa es su carta. Hacen política en Washington. Como veremos, el efecto de esto es devastador.

Con el país destrozado, exigen democracia. 15 países de la región rechazan la elección venezolana decía, la semana pasada, el diario brasileño O Estado de São Paulo. Además de Brasil, firmaban Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucia.

Para la Unión Europea (UE), sumada también a las políticas de sanciones, el proceso electoral venezolano no puede ser reconocido como confiable, inclusivo y transparente. Una opinión que no comparte el exjefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. “Espero que la UE reflexione mejor”, afirmó.

“Le hago un llamado a toda la oposición, que abandone la ruta extremista (…) que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, en una sola voz… que restituyamos todos los mecanismos de diálogo nacional”, dijo el presidente Maduro.

Para el “presidente” nombrado por Estados Unidos “no hubo ninguna elección”, lo que hubo fue un chantaje. Para Guaidó, “presidente encargado”, “la dictadura se evidencia. Luego del chantaje, el secuestro de partidos, censura, fabricar resultados, infundir terror; anuncian lo dicho: un fraude con 30% de pura falsedad, que no le son suficientes ni para mostrarse en público (Ni ellos celebran, se saben solos)”, escribió en Twitter.

¿Chantaje? ¿Cómo llamar entonces a unas eventuales elecciones en medio de las sanciones devastadoras impuestas al gobierno? Periodistas y observadores de las elecciones venezolanas destacaban que el día de las elecciones había más gente haciendo filas en las gasolineras para abastecerse de combustible que en las casillas de votación. Esa es la realidad impuesta al país.

El dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, responsable de un intento de alzamiento contra el gobierno de Maduro que dejó varias decenas de muertos, exigió elecciones libres en un plazo de seis a doce meses. En su opinión, eso es lo indispensable para resolver la crisis políticas del país. Ni una palabra sobre las sanciones. ¿Cómo tener “elecciones libres” con el país destrozado por esas sanciones?

Un diputado de su agrupación, que vive en Houston, también rechazó las elecciones. ¿Entregar mi cargo? ¡Nunca!, afirmó, hasta que no haya una elección libre, democrática, con todas las condiciones.

¿Esas condiciones incluyen el fin de las sanciones y un período de recuperación de la economía del país? No está en sus intenciones tal cosa.

El policía bueno y el policía malo

Lo que está en juego no siempre queda en evidencia para todos. El viernes 11 de diciembre la BBC publicó una nota sobre “los intentos de los servicios secretos del Reino Unido de interferir en la política de América Latina en los años 60”.

“Archivos recientemente desclasificados han revelado los intentos británicos de influir en varios procesos electorales y condicionar sindicatos en distintos países”, explicó a la BBC el profesor Rory Cormac de la Universidad de Nottingham.

“Esto incluía propaganda y falsificación de documentos que tenían como objetivo influir en el público, principalmente contra el comunismo”, agrega la nota. “La misión principal era contrarrestar el comunismo usando propaganda y trabajando con iglesias, sindicatos y partidos políticos”.

Las operaciones incluían Brasil, Chile, y otros países, probablemente la mayoría de los latinoamericanos. También Venezuela. “Un funcionario británico calificó a este último país como ‘un premio importante’”. “Es un país muy rico y su gobierno una importante fuente de capital de inversión”.

Naturalmente, sin el fin de las sanciones y un aceptable período de reorganización económica y social, no puede haber elecciones democráticas en ningún lugar.

Tampoco con las medidas de lawfare vigentes, como lo están en Brasil, contra Lula, o en Ecuador, contra el expresidente Rafael Correa, a solo dos meses de las elecciones generales en ese país.

No habrá reconstrucción democrática en Brasil sin devolución de los derechos políticos a Lula. Las elecciones nacionales no tienen validez sin derecho de participación de todos los protagonistas, afirmó el periodista Breno Altman, editor del sitio virtual Opera Mundi.

La historia del “policía bueno” y del “policía malo” es bien conocida en América Central. Funcionó durante una década como instrumento contra la revolución sandinista, que había derrotado a la dictadura de Anastasio Somoza en julio de 1979. Con Reagan en la Casa Blanca, montaron una guerra sistemática contra el régimen sandinista. El gobierno tuvo que crear un servicio militar obligatorio, con altos costos políticos, mientras enfrentaba graves sanciones económicas.

Entonces les exigieron elecciones libres. Eran los policías buenos. Se celebraron en medio de la guerra y de las sanciones, con la amenaza de que, si ganaban, seguían tanto la guerra como las sanciones. Perdieron. ¿Y cuáles fueron las consecuencias?

La devastación política

La inestabilidad política es una de las características de la institucionalidad latinoamericana. ¡Hay que ver el caso actual de Perú! Pero es solo un ejemplo reciente.

Una de las causas fundamentales de esa inestabilidad es precisamente la permanente intervención de potencias extranjeras (en primer lugar la de Estados Unidos) en sus políticas.

Todo asomo de independencia es enfrentado con conspiraciones, sanciones y golpes. Políticos sin suficiente respaldo popular asumen el gobierno y promueven políticas devastadoras para las mayorías y para la nación, cuyos recursos quedan sometidos a los intereses extranjeros. El caso de la Argentina de Macri (un caso con sus variaciones propias) desnudó ese sometimiento, endeudando el país en más de 15 mil millones de dólares para pagar a fondos buitres que habían rechazado el acuerdo de pago negociado por el gobierno de Cristina Kirchner.

Con los representantes de esos intereses en el poder, sin apoyo popular suficiente (en realidad, con apoyo cada vez más reducido, en la medida en que va quedando en evidencia el fracaso del modelo neoliberal que promueven), la política se hace inestable. Los países no pueden construir un tejido social propio, arraigado en la realidad nacional. La interferencia norteamericana lo hace imposible, destruye esas relaciones, pero tampoco representa ya respaldo suficiente para que los grupos conservadores puedan promover soluciones.

Esa ha sido la situación en más de un siglo. Durante un tiempo, funcionó. Las dictaduras se mantenían con el apoyo de Washington y vendían alguna idea de que la prosperidad ya venía. Hoy eso es imposible.

El resultado es el caos, una cierta desesperación de ver que los esfuerzos de un desarrollo nacional son enfrentados con un poder avasallador desde el extranjero, sin que ya no se pueda tampoco levantar el entusiasmo que, en pasado no muy lejano, se levantaba con esgrimir el peligro del “comunismo”.

Enfrentar esas intervenciones devastadoras es indispensable para que nuestros países puedan buscar sus caminos, terminando por reconstruir un tejido social en el que no tengan cabida los que pretenden hacer política con el apoyo de la intervención extranjera.

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