“En Colombia, fenómeno paramilitar ha logrado expandirse porque el propio Estado lo permite mediante formas de estímulo y colaboración”: Álvaro Villarraga

Álvaro Villarraga Sarmiento.

EL NUEVO SIGLO /

A raíz de las revelaciones de alto impacto que se hacen en el Informe La sombra oscura del banano en Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado que las organizaciones defensoras de derechos humanos, Fundación Cultura Democrática (FUCUDE) y Opción Legal hicieron entrega durante una sesión virtual a la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el pasado lunes 30 de noviembre, diversos sectores sociales y medios de comunicación han venido reflexionando en torno de la génesis del fenómeno paramilitar en Colombia.

Esta investigación logra esclarecer diversos aspectos relacionados con la aparición, financiación y expansión de las denominadas autodefensas y el impacto del recrudecimiento de la violencia de manera exponencial en prácticamente toda la geografía colombiana.

En Urabá no se consolidaron garantías de no repetición

La violencia que golpeó a la región antioqueña de Urabá con mayor crudeza en la década de los años 90 por parte de grupos armados ilegales dejó cifras escalofriantes, como más de 50 mil homicidios y medio millón de desplazados. Hoy la situación no es de tal gravedad, pero sigue la afectación a la población.

Así lo explicó al diario El Nuevo Siglo de Bogotá, el investigador social y catedrático universitario Álvaro Villarraga Sarmiento, directivo de la Fundación Cultura Democrática (FUCUDE).

Ustedes entregaron un informe a la Comisión de la Verdad sobre la violencia en Urabá, ¿por qué se fijaron especialmente en esta región?

No estamos solo ocupados de esta región, entregamos hace tres meses un informe sobre Montes de María, de altísima victimización especialmente por parte de los paramilitares. Tanto la Fundación Cultura Democrática como Opción Legal, que estamos aliados en la elaboración de estos documentos, hemos realizado tenido también otras investigaciones sobre distintos niveles de otras regiones.

Sin embargo, vale destacar, Urabá llega a ser la región más altamente victimizada en el país si se cruzan las variables de tiempo, territorio y volumen de violaciones cometidas.

En el período que estudiamos, de 1985 al 2014, encontramos 104 masacres, 57 mil homicidios, 480 mil desplazamientos forzados. Esto supera de lejos lo ocurrido en cualquier otra región del país, y compromete a distintos y a varios actores en el volumen y en la aplicación de extrema violencia sistemática por parte de estructuras paramilitares, lamentablemente en zona de alta presencia de Fuerza Pública, en particular de las Fuerzas Militares.

¿Qué características hicieron que la violencia paramilitar se ensañara de esa manera en Urabá?

Hay varios factores que hacen muy fuerte el paramilitarismo, primero porque hay una acción desde el propio Estado que permite y en todo caso tiene formas de estímulo, de colaboración, de acción conjunta o de dejar hacer a este fenómeno paramilitar en un momento en que se está dando una fase de expansión.

El momento de más cruda violencia es a mediados de los años 90, y es de recordar que ahí surgió una nueva generación del paramilitarismo en el país, que se consolida entre Urabá y Córdoba, en lo que se llamó en su momento Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y desde ahí se despliega en el nivel nacional a nombre de las AUC.

Ahí el nivel de victimización masiva de población, comisión de masacres, homicidios, desplazamientos forzados y amenazas ya se hace por miles.

El otro factor es que ganaderos, bananeros y algunos comerciantes importantes optaron lamentablemente por la vía ilegal, apoyando grupos paramilitares, financiarlos e incluso invitarlos a que hicieran presencia en la región.

¿Hay posibilidad de que un nivel de violencia como el que se vivió en Urabá se pueda replicar hoy en otra región?

No solo se trata de ver la posibilidad sino que realmente la constatamos, ya no en el mismo volumen de agresión frente a la población, pero sí con un nivel de agresión importante porque nótese que con las desmovilizaciones de las estructuras de las AUC, para el caso de Urabá, el ‘bloque Bananero’ en el año 2004 y el ‘bloque Elmer Cárdenas’ en el año 2006, no significaron la desarticulación total de los soportes del paramilitarismo, sus economías ilegales, sus niveles de alianzas, su incidencia en personas, funcionarios y estructuras del Estado y de Fuerza Pública que por vía de la corrupción se siguen relacionando.

“Con las desmovilizaciones de las estructuras de las AUC, para el caso de Urabá, el ‘bloque Bananero’ en el año 2004 y el ‘bloque Elmer Cárdenas’ en el año 2006, no significaron la desarticulación total de los soportes del paramilitarismo, sus economías ilegales, sus niveles de alianzas, su incidencia en personas, funcionarios y estructuras del Estado y de Fuerza Pública que por vía de la corrupción se siguen relacionando”

¿Es una nueva forma de paramilitarismo?

En esto hay copiosa información también, incluso información judicial, de la propia Policía y los organismos de seguridad. Basta poner el ejemplo contundente de cómo se proyecta hasta hoy la estructura que algunos llaman narcoparamilitar, el denominado ‘Clan del Golfo’, que se vuelve preponderante en todo el país después de dos décadas de disputa, de 2007 hasta la actualidad. Dos décadas de disputa en donde aparecieron con distintas denominaciones grupos que permanecieron  o se rearmaron de anteriores mandos importantes o medios del paramilitarismo tanto en el Valle, en el Llano, el Magdalena Medio, en el Catatumbo, como en parte del Caribe y Urabá.

Esos grupos con muchas denominaciones, ‘Rastrojos’, ‘Paisas’, ‘Águilas Negras’, al principio conocidos como ‘los Urabeños’, luego con el nombre de ‘el Clan del Golfo’, se llaman ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, con epicentro en Urabá, exportando cocaína y otros negocios ilegales, de manera contundente han logrado someter a otros grupos o establecieron alianzas, y hoy es la red mafiosa más poderosa del país.

De manera que lamentablemente, y lo concluye así nuestro estudio, en Urabá no se consolidaron garantías de no repetición.

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