Altos directivos de la multinacional estadounidense Drummond promovieron y financiaron grupos paramilitares, documenta la Fiscalía

Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la Drummond (izq) y José Miguel Linares (der), actual presidente de esta multinacional estadounidense, acusados por la Fiscalía de promover y financiar grupos paramilitares en el departamento del Cesar.

REDACCIÓN FUCUDE /

Una grave acusación formuló la Fiscalía contra el presidente y un alto exdirectivo de la multinacional estadounidense Drummond, la mayor productora de carbón en Colombia, por supuestos nexos con grupos paramilitares en el departamento del Cesar.

En efecto, Una fiscal delegada acusó formalmente al actual presidente de la Drummond Colombia, José Miguel Linares Martínez por “presunta” financiación del paramilitarismo cuando fue gerente jurídico y vicepresidente de Asuntos corporativos de la multinacional entre los años 2000 y 2006.

La acusación también implica a Augusto Jiménez Mejía, quien fue presidente de dicha compañía entre 1989 y 2013.

La Fiscalía los acusó de incurrir en el delito de concierto para delinquir por haber financiado y promovido el “Frente Juan Andrés Álvarez” del bloque Norte del grupo paramilitar de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a cambio de “seguridad” para la empresa.

“Para la Fiscalía resulta clara la responsabilidad de los directivos de Drummond, Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares Martínez, quienes, con plenas facultades para intervenir en todas las acciones, contratos y convenios, y dirigir el servicio de asesoría jurídica al interior de la empresa, decidieron contratar con personas que, abiertamente, sostuvieron vínculos paramilitares, como Jaime Blanco Maya, quien, a su vez, vinculó a Jairo de Jesús Charris Castro y José Arístides Peinado”, señala la decisión.

Esas conductas tuvieron como propósito cometer actos punibles, como los homicidios, que en forma sistemática y generalizada afectaron de manera grave a la población cesarense.

El ente acusador determinó que los directivos “conocieron de ese contexto macrocriminal, el que afectó, además, a empleados de la multinacional que dirigían, y pese a ello intervinieron en la contratación con (Jaime) Blanco Maya, por cuyo medio se destinaron los recursos al grupo armado ilegal”.

Blanco Maya era un contratista de la multinacional que fue condenado por el asesinato de dos sindicalistas, y actualmente tiene el proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En la misma resolución fueron declarados delitos de lesa humanidad, los actos criminales de ese bloque paramilitar.

La Drummond fue señalada por Rafael García, exdirectivo del DAS, condenado por la infiltración paramilitar de la entidad, quien declaró que usando ese organismo de inteligencia, su entonces director, Jorge Noguera y él hicieron envíos de cocaína a EEUU y otros países.

García afirma que presenció cuando el presidente de la Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, le entregó una “maleta llena de dinero” en el 2001 a un representante del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo para que mataran a líderes sindicales.

García también asegura, en el documento, que Álvaro Uribe Vélez conocía y aprobaba las relaciones del DAS con los grupos paramilitares.

La Drummond es una empresa norteamericana, que extrae y exporta el carbón de Colombia, y en el pasado cínica y descaradamente negó tener relación con escuadrones de extrema derecha en Colombia:

“Drummond manifiesta públicamente que no ha hecho ni hará pagos, acuerdos o transacciones con grupos al margen de la ley y niega enfáticamente que la empresa o cualquiera de sus directivos haya tenido relación alguna con el asesinato de sindicalistas”.

Otra multinacional estadounidense, la gigante frutera Chiquita Brands, reconoció que entregó 1,7 millones de dólares a grupos paramilitares en Colombia y acordó con el Departamento de Justicia de EEUU pagar 25 millones de dólares para financiar a los paramilitares.

El caso de los directivos de la Drummond puede llegar a la JEP a condición de confesar su participación y de reparar a sus víctimas. Si así lo hicieren podrían evitar la cárcel y acceder a penas alternativas más leves que las que les impondría la justicia ordinaria. La JEP establece que los terceros que quieran someterse a su jurisdicción deberán hacerlo en un plazo máximo de tres meses desde que hayan sido vinculados al proceso de la jurisdicción ordinaria. 

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